En el marco de la implementación del Pacto Verde Europeo, un conjunto de iniciativas para lograr que la Unión Europea sea carbono neutral para el 2050, muchos países europeos han empezado a exigir a sus agricultores que empiecen a reducir su producción de emisiones y la carga química de sus cultivos. Esto ha generado una creciente tensión entre los tomadores de decisiones y decenas de agricultores que se han visto obligados a reducir, cerrar o reubicar sus áreas de producción en favor de restaurar áreas naturales y reducir las emisiones que contribuyen al cambio climático. Esto ha generado movilizaciones en contra de las decisiones de la Comisión Europea en países como Francia, Bélgica e Italia por la forma en que se ha venido implementando y la falta de claridad en términos de responsabilidad económica de los gobiernos.
Esta problemática, que se ha venido profundizando en Europa, puede empezar a generarse en los países latinoamericanos especialmente por las exigencias del pacto europeo aunado a las nuevas regulaciones particulares relacionadas con la regulación de productos para la protección de cultivos. De esta manera, una medida que parece que solo puede afectar a agricultores europeos, a corto y mediano plazo podrá empezar afectar a productores exportadores nacionales.
Las exigencias del Pacto Verde Europeo, no solo cobijan a los países que hacen parte de la Unión Europea, estos estándares también son válidos para los países que comercian con los miembros. Una de sus metas más ambiciosas es reducir 55% de las emisiones para 2030, además dentro de su estrategia de la Granja a la Mesa y Polución Cero busca reducir la carga química de los alimentos a niveles mínimos. Si bien desde Abejas en Agricultura reconocemos este tipo de iniciativas, es necesario tener claridad sobre los mecanismos que se buscan implementar para que estas estrategias no afecten al pequeño, mediano y gran productor agrícola.
¿Es posible una transición en los términos que plantea la Unión Europea?
Las decisiones de la Unión Europea pueden afectar a los productos de exportación agrícola de los países latinoamericanos. Por un lado, las exigencias del Pacto Verde requieren de un nivel técnico que debe ir acompañado por una serie de políticas nacionales encaminadas a proteger la producción nacional con potencial exportador a la vez que se intenta mantener los estándares propuestos por la UE. Esto teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Centro Internacional de Comercio, la Unión Europea depende de las exportaciones entre un 40% y 45% de productos como Cacao, Café y Palma de Aceite directamente de países latinoamericanos. Por otro lado, esto requiere un nivel relevante de concertación y diálogos locales con los productores con el fin de evitar la conflictividad que ya se ha visto con los agricultores europeos.
Adicionalmente, no hay que olvidar las otras políticas restrictivas que se están generando internamente en los países latinoamericanos, especialmente en Colombia. La transición a otro tipo de productos de protección de cultivos comienza a tener efectos en los productores ya que puede haber un incremento en los costos de producción y que, ante la baja elasticidad, pueden terminar emigrando hacia el uso de productos con niveles altos de toxicidad y con mayores cantidades de aplicación. En este sentido, en Europa se ha registrado una pérdida de biodiversidad importante por el uso de nuevos productos de protección de cultivos mientras que las plagas han empezado a presentar resistencia a estos nuevos químicos afectando la productividad (Scott y Billsborow, 2017).
¿Qué puede hacerse al respecto?
Uno de los caminos posibles para evitar situaciones de conflictividad y efectos negativos sobre la proactividad como se ha visto en los países de la Unión Europea es a través de la construcción de una política pública que le permita al país contar con planes de transición adecuados para no afectar a los productores agrícolas. Esta política se debe construir desde el diálogo local con productores y gobiernos municipales que realmente conocen el estado de la industria agrícola a nivel regional. Asimismo, es necesario que estas políticas estén adaptadas a las condiciones socioeconómicas del país y particularidades productivas de los agricultores.
