En el transcurso de los últimos dos años, los sectores agrícola y apícola en Colombia han fortalecido el desarrollo de sus sectores; a pesar de estos logros, los productores en ambos campos continúan enfrentándose a retos que demandan soluciones. En este contexto, es necesario identificar cómo estos dos sectores claves pueden coexistir para beneficio mutuo en el horizonte del 2024 y así fortalecer la seguridad alimentaria en nuestro país.
En el 2023, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el sector agrícola representó aproximadamente entre el 6% y el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y generó alrededor del 15% de los empleos en el país (Finagro, 2023). Así mismo, para el 2024 el sector agrícola tendrá un aumento en el presupuesto general de la nación, asignándole $9.222 billones de pesos; esto con el objetivo de fortalecer la entrega de tierras y el establecimiento de proyectos productivos. Dentro de los programas que viene adelantando el sector se encuentra el plan de bioinsumos, extensionismo y créditos agropecuarios y la implementación de la reforma agraria.
Este progreso no solo se refleja en cifras, sino también en cambios sustanciales en las prácticas agrícolas. Se destaca el aumento de cultivos no tradicionales como el aguacate, la piña y el cacao. Además, se han incorporado tecnologías avanzadas como sistemas de riego inteligentes, sensores de calidad del suelo, drones para el monitoreo de cultivos, y la implementación de inteligencia artificial para optimizar la producción y reducir costos. La sostenibilidad y la responsabilidad ambiental se han vuelto fundamentales, con la aplicación de buenas prácticas agrícolas, iniciativas de certificación y sellos de calidad que garantizan el cuidado del medio ambiente (Solunion, 2023). A pesar de estos avances, existen desafíos persistentes. Los pequeños agricultores siguen enfrentando dificultades para acceder a financiamiento, lo que limita su capacidad para invertir en tecnología y mejorar prácticas agrícolas. Además, la infraestructura rural no está óptimamente desarrollada, afectando la productividad agrícola y el crecimiento económico sostenible en las áreas rurales (Solunion, 2023).
Este escenario de progresos y retos se extiende al sector apícola colombiano. Aunque el 2022 cerró con cifras históricas de producción de miel y colmenas, el 2023 presenta obstáculos. Dentro de estos, se encuentran: Colombia no ha logrado posicionarse como un referente en América Latina a pesar de la legislación apícola orientada al fomento y desarrollo; y los apicultores locales, mayoritariamente pequeños productores, enfrentan limitaciones en el acceso a tierras para establecer apiarios y carencias en desarrollo tecnológico, evidenciando la falta de una apicultura plenamente desarrollada en el país. A su vez, los desafíos específicos del sector apícola incluyen lograr el fomento e incremento de la producción de colmenas, la necesidad de un registro sistemático y actualizado de apicultores para informar políticas públicas (Agrosavia, 2023), y la coexistencia entre agricultores y apicultores.
Como vemos estos dos sectores son de gran importancia para el país, es por esto por lo que, desde Abejas en Agricultura, trabajamos a diario por el fomento e impulso de las buenas prácticas agrícolas y apícolas, así como de la coexistencia de estos dos sectores, porque estamos convencidos que juntos potencializan la seguridad alimentaria en el país. Gran parte de los cultivos a nivel mundial dependen de la polinización de abejas y del cuidado de los agricultores desde el manejo integrado de plagas.
En el horizonte del 2024, se hace imperativo fortalecer la colaboración entre el sector agrícola y apícola en Colombia. Superar los desafíos comunes mediante políticas públicas y estrategias compartidas no sólo impulsará la productividad de ambos sectores, sino que también contribuirá significativamente a la preservación del medio ambiente, la mejora y el rendimiento de nuestros cultivos. La coexistencia entre la agricultura y la apicultura no sólo es una necesidad económica, sino también una responsabilidad compartida para garantizar la seguridad alimentaria para Colombia.
